El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado los Presupuestos que redactó el Ayuntamiento de Fuenlabrada para 2009, que ascendieron a 187 millones, un 4,6% menos que el año anterior. La notificación fue enviada al Consistorio que dirige Manuel Robles a mediados del pasado mes de enero. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha tomado esta decisión después de la denuncia presentada por el Partido Popular, que notificó que el Ayuntamiento, como así exige la ley, no había destinado el dinero obtenido de la venta de unos terrenos del Patrimonio Municipal de Suelo a la conservación y ampliación de dicho organismo.
La sala remarca que el producto de las enajenaciones de terrenos del Patrimonio no se deben destinar a cualquier fin —«por loable y razonable que sea»— sino al específico de conservación y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo. «Sólo una expresa previsión legislativa en contrario —continúa— pueden hacer que estos organismos abandonen su origen, su caracterización y finalidad, y pasen a convertirse en fuente de financiación de otras y muy distintas finalidades presupuestarias municipales».
La decisión supone un duro varapalo para el equipo de Gobierno del socialista Manuel Robles, que tuvo que lidiar entonces con unos presupuestos complicados en plena crisis. La aprobación de las cuentas se retrasó hasta principios de ese año —normalmente suelen aprobarse en el último mes del ejercicio anterior— a causa de los ajustes que hubo que realizar al recibir los 35 millones de los fondos estatales de inversión local.
Tres objetivos
El equipo de Gobierno de Fuenlabrada remarcó en su momento que los objetivos de esos presupuestos eran tres: «Preservar los servicios necesarios, apostar por las políticas sociales y fomentar las inversiones», cuya cifra fue de 37 millones de euros, que unidos a los 35 del «Plan Zapatero», arrojó una cantidad final de 72 millones de euros.
El dinero obtenido de la venta de parcelas fue destinado por parte del Consistorio fuenlabreño a una treintena de partidas presupuestarias, entre las que se encontraban, por ejemplo, la liquidación de un convenio con Iberdrola, la remodelación de barrios, maquinaria ligera, nuevos equipos informáticos, vallado de encierros, etc... La decisión lleva al TSJM a excluir del presupuesto impugnado las partidas descritas, lo que en teoría obligaría al Consistorio que dirige Manuel Robles a rehacer las cuentas que aprobó hace ya tres años.
Las actuaciones inversoras que se ejecutaron en 2009 se destinaron a la remodelación de barrios, la mejora en las carreteras, las campañas de aglomerado y la eliminación de infraestructuras eléctricas, entre otras.
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